En la elección de un traductor jurídico nos aseguraremos de que el candidato posee conocimientos tanto jurídicos como lingüísticos de los dos idiomas, el del texto de origen y el idioma de destino. Seleccionamos a nuestros traductores jurídicos en base a sus cualificaciones académicas, nombramientos oficiales, pertenencia a asociaciones profesionales de traductores y su experiencia con los idiomas requeridos para la traducción. Para empezar, lo más importante es que la lengua materna del traductor sea el idioma de destino hacia el que se traducirá el documento.

En algunos casos, cuando se trate de documentación sensible, los traductores deberán firmar contratos de confidencialidad, o bien contratar algún seguro de responsabilidad civil. 

En muchas ocasiones, las traducciones legales deben estar certificadas (juradas), y la legislación de cada país es diferente. Los traductores jurídicos pueden ser traductores profesionales especializados en traducción jurídica, o bien juristas o abogados que se han especializado en traducción. Si bien muchas traducciones legales deben estar juradas o certificadas, no todos los traductores jurídicos son traductores jurados.

En algunos países es el estado el que certifica todas las traducciones legales. En otros lugares, los traductores oficiales son habilitados por un organismo oficial. En España, los traductores jurados son nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En Estados Unidos, la American Translator’s Association oferta cursos de certificación. Para ser autorizados como traductores jurados, estos traductores suelen estar autorizados por tribunales estatales o federales.

Somos conscientes de lo importante que es la confidencialidad en la traducción jurídica y gestionamos el intercambio de documentos conforme a la norma ISO 9001, desde nuestra plataforma OTM (Online Translation Manager). Nuestro flujo de trabajo nos permite seleccionar al traductor o traductores idóneos para cada proyecto de traducción jurídica.